En la actualidad está abierto un debate en torno a la sostenibilidad del sistema público de pensiones con cargo al presupuesto de la Seguridad Social. Se está empezando a cuestionar el pago de las pensiones a personas que ahora son contribuyentes, es decir, cotizantes de la Seguridad Social. Esta preocupación se centra en el sistema de pensiones contributivas, el que mayor peso tiene dentro del presupuesto de la Seguridad Social, constituido por las pensiones de aquellas personas que habiendo trabajado a lo largo de su vida han cotizado suficiente a la Seguridad Social como para tener derecho a una prestación en el momento de la jubilación.
La filosofía del sistema se basa en la no racionalidad del individuo para ahorrar. Se reconoce que los individuos pueden destinar menos recursos a ciertos bienes llamados preferentes (salud, educación, sanidad...) que a otros bienes de consumo inmediato (juegos, drogas, alcohol). El Estado, asume con la Seguridad Social, una función paternal, para asegurarse de que los individuos distribuyan correctamente la renta acumulada a lo largo de su vida activa. Una actitud no racional del individuo podría llevarle a gastar toda la renta obtenida durante su vida laboral en los años de actividad, sin llegar a tener en cuenta la conveniencia de ahorrar una parte de lo ganado para el momento de la jubilación y hasta la llegada de la muerte. Si este tipo de actitud se extendiera a gran parte de la población, habría un grave problema social; no solo por el número de personas que tendrían que ser atendidas en sus necesidades básicas, sino que se plantearían problemas de convivencia que podrían desembocar en un aumento de la delincuencia y en revueltas sociales.
Para evitar que esto ocurra, el Estado interviene obligando a las personas a destinar parte de la renta ganada a lo largo de su vida activa a un fondo. La cantidad acumulada sería reintegrada con intereses llegado el momento de la jubilación. Si esto fuera así, no habría ningún problema, pero no es exactamente de esta forma.
El sistema de pensiones extendido en la mayoría de las economías occidentales es el de reparto o distribución intergeneracional. Este sistema consiste en retenerles a las personas con trabajo una parte de su renta y destinarla a cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora bien, estos fondos no se guardan para ser devueltos más adelante, sino que se destinan a atender las pensiones de aquellas personas que en ese mismo momento del tiempo están jubilados.
Esta situación se podría mantener siempre que exista confianza en el Sistema; siempre que el trabajador que este cotizando en un momento t, este seguro de que cuando le llegue su jubilación en el momento t+n, habrá número suficiente de cotizantes que podrán soportar los gastos de su pensión.
Por lo tanto, según el reparto intergeneracional, la sostenibilidad financiera del sistema está asociada con la relación existente en cada momento entre el número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social y las personas con derecho a una pensión. Y es precisamente la previsión sobre la evolución de este cociente la que pone en cuestión la sostenibilidad del sistema. Con la crisis económica actual el número de parados ha crecido hasta situarse en casi 5 millones de personas, si a esto le sumamos el continuo envejecimiento de la población, las prejubilaciones, jubilaciones anticipadas y demás factores, no es nada extraño plantearse que en un futuro no existan pensiones para todos los que han cotizado durante su vida laboral.
La situación descrita plantea la existencia de un problema latente, que de no cambiar las cosas emergerá a partir del 2020-2025. Si desciende la relación del número de cotizantes y el de pensionistas, y suponiendo que no introducen con el suficiente tiempo de antelación las medidas oportunas, tendrían que plantearse soluciones como retenerles a los trabajadores de un futuro una mayor parte de la renta, o bien que los pensionistas asumieran unas cuantías menores.
Aumentar la edad de jubilación es una de las medidas que plantea el Gobierno, si alargan la vida laboral media de las personas, disminuiría el número de pensionistas, pero esta medida ha sido acogida con gran indignación y no ha sido nada popular. En mi opinión, es una de las pocas soluciones a este gran problema. Creo que el Gobierno también debería centrarse más en la economía sumergida, si aflora el empleo oculto tras ella el número de cotizantes aumentaría de una forma considerable. Animar a las personas a que completen su pensión pública con una pensión privada es otra solución, pero aunque desgrave en el IRPF, esta medida solo es posible para pocos. Es un problema derivado en parte por el drama social que supone el desempleo. Generar empleo, evitar el despilfarro de los fondos de la Seguridad Social y austeridad por parte del Gobierno es algo urgente, esperemos que las previsiones no se cumplan.
Bibliografía: "Lecciones de Macroeconomía", Francisco Gonzalez Gómez, Jorge Guardiola Wanden-Berghe, Miguel Angel García Rubio.
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